Procesan a una empleada de la exfábrica de baterías por los casos de intoxicación con plomo en Ceres
Por el caso murió una niña y otras 20 personas terminaron intoxicadas tras ocupar el predio abandonado de una exfábrica de baterías que funcionaba en el barrio Las Américas de la localidad del norte provincial. Una funcionaria provincial fue desvinculada.
El juez federal Marcelo Bailaque, provisoriamente a cargo del Juzgado Federal de Rafaela, procesó esta semana a la dueña de una exfabrica de baterías de Ceres por la contaminación con plomo de un grupo de personas que supo ocupar ilegalmente el predio de la firma abandonada entre el 2020 y principios del 2021.
Se trata de Norma Ines Orellano (59) a quien el magistrado la responsabilizó de infringir la ley 24.051 que regula el tratamiento de los residuos peligrosos que generan las empresas y que pueden alcanzar penas de hasta 25 años de prisión si en el caso una persona podría haber fallecido.
La resolución de Bailaque ordenó que Orellano transite la causa en estado de libertad hasta tanto la causa se encamine al juicio en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. No obstante, le trabó un embargo hasta cubrir la suma de diez millones de pesos, según indicaron fuentes judiciales a AIRE.
El fallo a su vez dictó la falta de mérito para la Directora General de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe, Mónica Mabel Ucero, que fue acusada de haber permitido “por inobservancia” la contaminación con plomo de la firma Nesaglo SA ubicada en Tucumán y Larrea de Ceres. “La prueba documental reunida hasta el momento, arroja incertidumbre acerca de su posible responsabilidad en la conducta que se le atribuye”, indicó al respecto el fallo.
“No existen elementos con entidad probatoria suficiente como para sostener la responsabilidad”, agregó el juez en otro tramo para luego desvincular a la funcionaria provincial cuya vinculación al caso fue tras una investigación realizada por el fiscal Gustavo Onel.
El caso tomó estado público a raíz del fallecimiento de Xiomara Crespin, de tres años, que tras intoxicarse con plomo debió ser trasladada desde Ceres hasta el Hospital de Niños de la capital provincial. La pequeña murió el 6 enero del 2021 por el alto índice de envenenamiento que presentaba en su cuerpo: en total tenía 1,98 gramos de plomo en sangre cuando los valores normales pueden llegar hasta 0,3 gramos.
En paralelo a la muerte, otros dos niños también fueron internados en el efector provincial por tener síntomas similares. Todos, según establecieron los informes de laboratorio que fueron incorporados a la causa, presentaban en su cuerpo considerables cantidades de plomo: 0,48 gr; 0,82 gr; y 0,23 gr.
A partir de esos ingresos se inició una investigación que determinó que los menores intoxicados formaban parte de grupos familiares que supieron ocupar ilegalmente el predio de la exfabrica de baterías que se encontraba abandonada desde el 2017 en el cual, tras cerrar sus puertas, quedaron elementos industriales altamente nocivos, entre ellos plomo.
Por el suceso, el fiscal Onel inició una investigación de oficio y tras el aval del entonces juez Reinaldo Rodríguez, el edificio donde ocurrió la intoxicación fue clausurado el 4 de febrero por personal de la Gendarmería Nacional. En paralelo, el municipio sacó un decreto en donde declaró al predio de la exfábrica como «zona no apta para ser habitada, por considerarse de riesgo ambiental y peligro sanitario»
La causa contó con una pericia clave que fue realizada por el departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina que tras tomar muestras de agua y suelo, se determinó cuál fue la causa de intoxicación del grupo de familias que ocuparon el predio.
Según determinó el examen, la mayor presencia de plomo no se encontraba en el agua sino en las paredes y plantas del predio. Por esa razón, creen los investigadores, la intoxicación de los menores y adultos fue producto de la “inhalación y contacto físico”. A partir de ahí, el fiscal pidió la indagatoria para Orellano tras acusarla de haber contaminado con plomo, por impericia en el propio arte o profesión, el agua, el suelo, elementos vegetales y otros elementos sólidos del predio.
Dicha acusación fue por que la mujer oriunda de Ceres formó parte del directorio que administró la empresa que fabricaba baterías. Al momento de prestar declaración, Orellano se defendió de los cargos atribuidos tras contar cómo fue su vínculo con la firma.
En esa línea, aclaró que ingresó a la empresa a principios de los años 90 y que siempre efectuó tareas administrativas. Sin embargo, en 2016, la empresa tuvo problemas financieros con la Afip por lo que un año después, en enero del 2017, Orellano recibió un telegrama de despido, pero tras la intervención de un sindicato y del Ministerio de Trabajo la entidad trató de mantener los puestos mediante la conformación de una cooperativa. Fue por esa razón que terminó siendo inscripta como integrante del directorio de Nesaglo SA, aunque aclaró -según declaró- que jamás participó de ningún encuentro ejecutivo.
Aire de Santa Fe