Los pueblos originarios, las primeras víctimas de la deforestación en el norte argentino

Las cuatro provincias del Gran Chaco argentino (Formosa, Santiago del Estero, Chaco y Salta) concentraron el 75% del desmonte de los últimos 25 años en la Argentina.

“Las topadoras borran posibilidades de vida, no sólo árboles. Borran creencias, cultura, historia, identidad y potencialidades de pueblos que siempre estuvieron aquí”. Con esas palabras define Pablo Chianetta lo que significa la deforestación para los pueblos originarios. Está a cargo de la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo (APCD) ubicada en la localidad de Las Lomitas, en el centro de la provincia de Formosa,

Sentado en una de las oficinas que la asociación tiene en ese lugar, en el extremo norte argentino, cuenta que hace más de 30 años que vive allí tras dejar su Buenos Aires natal. Una opción de vida atada a su historia personal y a sus convicciones religiosas, que encontraron en la opción por los pobres de la Iglesia Católica de finales del siglo pasado otra forma de acercarse a territorios desposeídos, con todo o mucho por hacer.

En el oeste de Formosa hasta el 80% de la población es de origen indígena. En los últimos 30 años, la deforestación de parcelas de monte nativo para hacer ganadería con pasturas exóticas o soja transgénica se convirtió en un nuevo vector de presión sobre esos pueblos, sobre quienes dicen que no precisan tierra, porque no producen nada. “Los criollos nos dicen que para qué queremos tierras si no tenemos animales, y nosotros les decimos que para qué quieren animales, si no tienen tierras”, retrucan los referentes de la comunidad wichi Tres Pozos, ubicada a unos 30 kilómetros de Las Lomitas.

El desmonte en el noroeste argentino

Formosa desmonta hoy cuatro veces más que antes de la Ley de Bosques: entre 2002 y 2006 desaparecieron 7.500 hectáreas por año, pero eso se aceleró en el período 2008/2021 para llegar a las 30.000 hectáreas por año. “Formosa blanqueó el desmonte con su plan de ordenamiento territorial”, sintetizó Hernán Giardini, a cargo de la campaña de bosques de Greenpeace en Argentina.

Ese plan provincial hizo que -según Greenpeace- casi el 80% del territorio formoseño quedara pintado de verde y fuera así considerado apto para un cambio en el uso del suelo. “Acá la propuesta es el desmonte, no lo silvopastoril. Por eso nosotros generamos ideas para tener corredores biológicos para permitir la circulación de la fauna y de las personas, sino el territorio queda fragmentado”, agregó Chianetta.

Si bien entre los 10 criterios que fija la Ley de Bosques para “ordenar” la deforestación aparece la consulta a los pueblos originarios, en la práctica esto no se cumple. “El criterio 10 para autorizar el cambio en el uso del suelo es la consulta a las comunidades de pueblos originarios, pero no los escuchan y las audiencias que hace el gobierno no son vinculantes”, dice el dirigente social, para quien el problema es que el Estado plantea un modelo de desarrollo opuesto al de los pueblos originarios.

“El indígena no es un problema, es potencialidad. Vivieron en el Gran Chaco durante siglos sin destruirlo y nosotros en 100 años lo rompimos. ¿No tendrán algo para enseñarnos?”, insistió, para detallar que no es fácil trabajar en la sociedad civil en Formosa, donde hay escasos actores no estatales y los que existen y cuestionan “son mirados muy de cerca por el poder político y económico local”.

Una opción de vida

La militancia social de Chianetta, que es veterinario de formación, comenzó dentro de la Iglesia Católica e incluyó la decisión de dejar la ciudad de Buenos Aires para instalarse hace más de 30 años en Formosa. “Casi en el borde del país -suele decir-, casi más allá de los límites”. En la sede local de la asociación que dirige recibe a un grupo de periodistas invitados por Greenpeace a conocer la zona cero de la deforestación en Argentina, entre las cuáles estaba esta cronista.

Cuenta que los anglicanos ya venían trabajando con las comunidades wichis desde principios del siglo pasado, mientras la iglesia católica apoyaba a los ejércitos. “A principios del siglo XX los wichis eran NN para el Estado nacional, ni siquiera registraban su existencia, eran invisibles. El anglicanismo les ofrecía un mundo al cual pertenecer”, recordó.

¿Tierra o territorio?

El acceso a la tierra es una de las claves de los conflictos que atraviesan aún hoy la vida de las comunidades de pueblos originarios en esa región de Argentina. Según relata Chianetta, hasta los años 40 del siglo pasado las comunidades vivían en clanes en el territorio y subsistían gracias a la pesca, la «algarrobeada» y la cría de pequeños animales, en una economía del autoabastecimiento.

“No es lo mismo tierra que territorio. La tierra define a la propiedad privada en su relación con el Estado, mientras que el territorio tiene que ver con el lugar que habitan estos pueblos culturalmente”, subraya, para agregar que históricamente la visión estatal fue que las comunidades no precisan grandes extensiones porque no son grandes productores.

Se estima que hay unas 1.800 comunidades indígenas en todo el país, de las cuáles unas 180 viven en Formosa como los wichis, que son la mayoría (entre 15 y 20 mil personas), los QOM (10 a 15 mil personas), los pilaguá (unos 5 mil) y los nivaclé. Casi el 7% de la población de la provincia es indígena, sobre todo en los departamentos del oeste. Históricamente fueron recolectores y pescadores y el agua (los ríos) está presente en su organización territorial histórica, así como en toponimia.

La comunidad de Tres Pozos

Una de esas 180 comunidades es la de Tres Pozos, que queda muy cerca de Las Lomitas y que agrupa a unas 96 familias (cerca de 423 habitantes) que trabajan en economía de subsistencia criando animales de granja (gallinas, cabritos, chanchos) y en torno al algarrobo, las artesanías, la madera y la apicultura.

Los referentes de la comunidad reciben a los periodistas y cuentan que están organizados en diferentes comisiones dentro de la comunidad. Daniel López, uno de esos referentes, explica que en la Constitución están expresados los derechos de los pueblos pre existentes pero que aun así tienen “problemas amplios” y que uno de ellos es que los productores criollos meten sus animales a pastorear en su tierra. “El acceso y el control de la tierra es el principal problema de la comunidad”, repiten.

“Estamos muy en contra del desmonte, queremos preservar la naturaleza, pensamos al revés que el gobierno porque desmotar no es producir, eso no es cuidar el territorio. Nuestra cultura de trabajo de la tierra es diferente a la de ahora”, dice Florencio González.

La comunidad está luchando por preservar una porción de territorio con acceso al río Bermejo donde hay un antiguo cementerio y restos de una iglesia de principios del siglo pasado. “El río nos daba la comida antes. Hay que cuidarlo, para nosotros es muy importante tener acceso y contacto con el río”, concluye.

fuente Aire de Santa Fe