Crisis de seguridad: una Policía cada vez más débil frente a bandas criminales más fuertes
La pérdida de poder de la Policía para enfrentar la violencia deja ver la debilidad de la propia conducción de la fuerza. El ministro Jorge Lagna ensayó un nuevo cambio en la jefatura de la Unidad Regional II: el noveno en poco más de un año y medio.
La crisis de seguridad que golpea a Rosario desde hace una década se llevó puesta a la Policía. Suena como si fuera algo natural, pero el deterioro de la fuerza, brazo fundamental de la seguridad del Estado en un sistema democrático, eleva el grado de indefensión de la sociedad ante una situación límite, que agita reacciones que se mueven en un territorio copado por la violencia, con bandas delictivas cada vez más fuertes.
“Cuando la violencia social no puede ser absorbida y se encuentra impregnada en la cotidianidad de un territorio desde hace tiempo, es porque el Estado ya no posee ese monopolio coercitivo sino que lo comparte, por delegación o debilidad, justamente con esa sociedad que debe tutelar pero a la vez reprender si sus acciones se expresan al margen del derecho”, señala un informe titulado “Un sueño de paz, aproximación a la violencia narco de Rosario”, elaborado por el Observatorio de Política Criminal.
El trabajo coordinado por el especialista en políticas de seguridad Ariel Larroude, que se presentó hace unos días, señala que la Policía de Santa Fe “perdió el monopolio del uso de la fuerza, la que hoy es compartida con los grupos criminales generando en Rosario un oligopolio violento, donde policías y delincuentes tienen la potestad de resolver los problemas a partir del uso de la violencia sin que esto traiga consecuencias grandilocuentes en materia de responsabilidad penal”.
La pérdida de poder de la Policía para enfrentar la violencia se trasluce en la debilidad que muestra la propia conducción de la fuerza. Esta semana el ministro de Seguridad Jorge Lagna ensayó un nuevo cambio en la jefatura de la Unidad Regional II. Es el noveno reemplazo que se produce en poco más de un año y medio.
Más allá de los nombres que se sucedieron, lo que perdió relevancia es el cargo. Para la población –e incluso para la clase dirigente– se convirtió en algo indiferente. Ni siquiera ocupa un lugar de protagonismo en los medios en momentos en que la situación llegó a una gravedad inusitada.
La salida de Natalio Marciani, que había asumido en enero, en reemplazo de nadie, porque el cargo de jefe de la URII lo ejercía la titular de la Policía Emilce Chimienti, derivó en el nombramiento interino de Betina Governatori, segunda en la estructura. Su función interina duró menos de 24 horas. Los cambios instrumentados por el ministro de Seguridad se concretaron un día después de que se produjeran allanamientos en la jefatura de Policía de Rosario, ordenados por el fiscal José Luis Caterina.
En las últimas horas habría ingresado una denuncia por supuestas irregularidades en el manejo de la Unidad Regional II. El fiscal ordenó secuestrar teléfonos celulares de varios jefes policiales, entre ellos el de Marciani.
El nombre de Governatori fue mencionado a principios de abril en el juicio que se lleva adelante contra el narco Esteban Alvarado, que está preso actualmente en el penal federal de Ezeiza. El excomisario Gustavo Pereyra, sobreseído de la causa de Los Monos, quien denunció que lo involucraron porque investigaba los nexos con el narcotráfico durante la gestión de Antonio Bonfatti, aseguró que Governatori mintió cuando declaró que esa área no investigaba operaciones de narcotráfico. Pereyra denunció por falso testimonio a sus exjefes Ana Viglione y Andrés Ferrato, que fueron imputados. En el juicio dijo que Governatori, que se desempeñaba también en la Secretaría de Delitos Complejos, “mintió” cuando declaró en la causa.
El jueves a la tarde fue designada como número uno de la Unidad Regional II Margarita Romero, que será secundada por Mario Goyenechea, quien se desempeñaba en el departamento Iriondo. Un día antes de que se produjeran los cambios, que no tuvieron ninguna explicación sólida por parte del Ministerio de Seguridad, la propia jefa de la fuerza había dicho que “se perdió el respeto a la Policía”. Fue una declaración casi de impotencia. Porque quien debe ganarse el respeto es justamente la Policía, no con mano dura ni con actuaciones heroicas, sino garantizando la seguridad en las calles.
La “pérdida de respeto” a la Policía está relacionado con la irrelevancia que tiene hoy el jefe de la fuerza más grande de la provincia, que tiene a su cargo en Rosario a más de 4.500 efectivos. Esta situación deja espacio para que en la calle pueda ocurrir cualquier cosa, como lo que sucedió esta semana en la escuela Islas Malvinas, de la zona sur Rosario, donde los directivos del colegio encontraron más de 40 vainas servidas en la puerta y una nota amenazante contra las maestras.
La calle se transformó en un escenario de violencia casi permanente en este mes de abril. A pesar de que en marzo se había registrado un descenso en la cantidad de asesinatos en Rosario –de 22 en febrero a 13 en ese mes–, en abril la cifra se disparó. En los primeros 22 días del mes se produjeron 21 crímenes.
La saga más letal arrancó el 9 de abril y no se detuvo el jueves. En ese lapso de 13 días se cometieron 18 homicidios, la mayoría de ellos con ejecuciones a través de sicarios. La Policía de Santa Fe no puede enfrentar esta situación, porque el problema la desbordó y porque el crimen organizado creció mucho más que la propia Policía. Ante esa situación, el año pasado el gobernador Omar Perotti pidió mayor colaboración de la Nación.
En octubre pasado, en medio de los problemas de violencia endémicos en Rosario, que llevan más de una década –en 2012 comenzó a incrementarse la cantidad de homicidios con 182 muertes, al año siguiente saltó a 264 y nunca más bajó, salvo en 2017–, desembarcaron en esta ciudad 575 gendarmes, luego de que distintos sectores políticos reclamaran una mayor intervención de fuerzas federales.
Después de cinco meses del arribo de los efectivos de Gendarmería no hay síntomas de una reducción de la violencia, a pesar de los avances en algunas investigaciones criminales. En los últimos meses fueron detenidos varios referentes de la banda de Los Monos –como Lorena Verdún– y se está juzgando al líder narco Esteban Alvarado, un enemigo de los Cantero, pero hasta ahora las estrategias para pacificar Rosario no dieron resultado.
El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, anunció el año pasado que desde el 1º de marzo iba a comenzar a funcionar en Rosario la unidad móvil Nº7 de Gendarmería, donde se destinarían a unos 1.000 efectivos, que se sumarían a los 575 que llegaron en agosto pasado. Según informaron fuentes de la cartera de Seguridad, es posible que recién en mayo este nuevo emplazamiento permanente de efectivos se ponga en marcha, luego de que se produjeran una serie de demoras en la adquisición de los contenedores marítimos que se usarán como oficinas.
POR GERMÁN DE LOS SANTOS de AIRE DE SANTA FE