El Gobierno de Santa Fe se volvió a referir a las amenazas en las escuelas y sus consecuencias penales.
A tres semanas del crimen de Ian Cabrera en una escuela de San Cristóbal y luego de la multiplicación de las amenazas de atentados en diversas instituciones escolares de la provincia, el Gobierno de Santa Fe emitió una alerta preventiva dirigida a toda población.
La vocera del Gobierno, Virginia Coudannes, junto a los ministros de Educación, José Goity, de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y representantes del ministerio de Salud brindaron una conferencia de prensa para ampliar la información sobre la comunicación dirigida a las familias ante los recientes episodios registrados en escuelas y las consecuencias legales y económicas que estas conductas implican.
Educación pidió responsabilidad y acompañamiento de las familias
El Ministerio de Educación convocó a toda la comunidad educativa a asumir un rol activo en la prevención. Y se instó a equipos directivos, docentes y centros de estudiantes a trabajar esta problemática en las aulas, incorporándola como una falta gravísima dentro de los acuerdos de convivencia escolar.
«Se sumaron situaciones de amenazas que tienen que ver con retos virales de TickTock, son graves porque alteran el funcionamiento de las escuelas, llevan intranquilidad y generan angustias, alteran toda la vida cotidiana de la sociedad», advirtió con preocupación el ministro José Goity.
A tres semanas del crimen de Ian, la sociedad continúa conmocionada.
«Este tipo de amanezcas no son una broma, son un delito tipificado que tiene consecuencias para los estudiantes y las familias. Debemos entender que es una responsabilidad colectiva, no alcanza con decir que es un fenómeno global y nacional», indicó el ministro que convocó a consolidar la alianza entre la escuela, familia, la sociedad y el Estado para cambiar la actual situación.
«Necesitamos la respuesta de la familia en el acompañamiento, es importante que se involucren. Todos tenemos que trabajar para tomar conciencia de lo que implica», completó.
Las amenazas son delito y tienen consecuencias
El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni pidió diferenciar las situaciones. Por un lado, la de San Cristóbal, relacionada a la violencia generada a través de comunidades digitales que tienen un abordaje en conjunto con Seguridad de la Nación y el MPA con los que están «generando herramientas para abordar la problemática de acuerdo a los tiempos que corren».
Por otra parte, se refirió al efecto contagio y las múltiples amenazas que se repitieron estos días en establecimientos escolares. «El viernes se reportaron 65 incidencias de amenazas en toda la provincia vinculadas a escuelas».
«Una causa penal deja huellas que no siempre son agradables para la persona a futuro. Lo que se plantea como chiste años después va impedir viajar al exterior, obtener certificados de buena conducta, que los padres deban cumplir reglas de conducta y en casos extremos, puede haber institucionalización de menores involucrados», indicó Pablo Cococcioni respecto a las sanciones para las personas que sean identificadas, sean menores o mayores de edad. «Hay consecuencias que tal vez no son advertidas al inicio pero son vividas después por los responsables legales y menores», completó.
El costo económico de las amenazas
El ministro de Seguridad también se refirió a los costos económicos que el Ministerio de Educación recordó que la legislación vigente establece la responsabilidad de los padres o representantes legales por los daños ocasionados por sus hijos menores. En consecuencia, la Provincia podrá reclamar judicialmente el reintegro de los gastos operativos y la reparación de los perjuicios derivados de estos hechos.