El Gobierno de la Provincia de Santa Fe presentó una denuncia penal contra la asociación civil “Movimiento Mahatma Gandhi” tras detectar graves irregularidades en el manejo de fondos públicos.
La organización, vinculada al dirigente social Luciano “Chano” Rossi, utilizaba dinero de la Tarjeta Institucional —destinado exclusivamente a la compra de alimentos para comedores comunitarios— en locales de comida rápida, bares y quioscos.
Desvío de fondos y «gastos gourmet»
La maniobra fue descubierta por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano durante auditorías de rutina. Según los informes oficiales, existían inconsistencias insalvables entre la documentación presentada por la institución para justificar gastos y los movimientos reales de la tarjeta.
Se realizaron gastos en McDonald’s, restaurantes céntricos, bares y kioscos de la ciudad de Santa Fe.
Mientras el objetivo del programa es garantizar una alimentación nutritiva para familias vulnerables, los resúmenes de cuenta revelaron consumos en:
- McDonald’s.
- Restaurantes céntricos.
- Bares y kioscos.
Ante esta situación, la Provincia no solo realizó la denuncia ante la Justicia, sino que también dio de baja la asistencia financiera a la entidad para resguardar los recursos públicos.
Quién es «Chano» Rossi
El Movimiento Mahatma Gandhi estuvo conducido hasta abril de 2024 por Luciano “Chano” Rossi, un dirigente que ya había protagonizado un escándalo recientemente. En julio de 2025, Rossi fue exonerado de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) tras una investigación que reveló un ausentismo escandaloso: de los últimos 2.103 días, faltó a trabajar en 1.452 ocasiones, concurriendo solo 651 días.
Rossi había ingresado a la EPE en 2015 bajo el antiguo régimen de «derecho de sangre» (ingreso hereditario), una práctica que la actual gestión provincial eliminó para implementar el ingreso por concurso y capacidad.
Controles permanentes
Desde el Gobierno destacaron que la Tarjeta Institucional solo puede recibir depósitos del Estado Provincial y que su uso está estrictamente limitado a los beneficiarios del programa.
«Los mecanismos de auditoría y control forman parte de una política permanente para garantizar que los recursos lleguen efectivamente a quienes más los necesitan», señalaron fuentes oficiales tras elevar toda la información relevada a la Justicia.
