La medida cautelar fue resuelta por la jueza Cecilia Álamo a partir de un requerimiento del fiscal Emiliano Odriozola en una audiencias que se llevó a cabo de manera remota en los tribunales de San Cristóbal. Los tres imputados tienen domicilio en la provincia de Córdoba. Los hechos ilícitos fueron cometidos en Ceres el pasado jueves 18.
Quedaron en prisión preventiva tres hombres a los que se investiga por utilizar un inhibidor de señal para sustraer dinero en efectivo y cheques que estaban en dos automóviles en Ceres (departamento San Cristóbal). Así lo ordenó la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Cecilia Álamo, en una audiencia que se desarrolló de manera remota en los tribunales sancristobalenses.
El fiscal Emiliano Odriozola está a cargo de la investigación y solicitó que los imputados, cuyas iniciales son FNS (32 años), JEP (29 años) y PNP (26 años) y tienen domicilio en la provincia de Córdoba, transiten el proceso judicial privados de su libertad. La magistrada resolvió de manera oral en la audiencia y dispuso la prisión preventiva por 90 días para los tres.
Inhibidor de señal de automóviles
Odriozola señaló que “el 18 de diciembre pasado en horas del mediodía, los hombres investigados utilizaron un artefacto inhibidor de señal para apoderarse ilegítimamente de dinero en efectivo y cheques de dos autos que estaba estacionados en la firma Tradición Ganadera, donde se estaba realizando un remate ganadero”.
“De una camioneta marca Dodge RAM sustrajeron 2.000.000 de pesos y un cheque por 925.000 pesos”, precisó el fiscal. Además, detalló que “de una camioneta Toyota Hilux se apoderaron de la misma manera de 500.000 pesos en efectivo, 1.000 dólares y 16 cheques por la suma total de 14.840.185 pesos”.
El fiscal relató que “luego de cometer el ilícito, los imputados escaparon en auto, pero fueron interceptados y aprehendidos por personal policial a la altura del kilómetro 347 de la ruta nacional 34, momento en el cual se procedió al secuestro de los elementos sustraídos”.
Riesgos procesales
Odriozola valoró que “la jueza consideró que los hechos atribuidos a los imputados en esta etapa del proceso y con el grado de probabilidad que se requiere, están debidamente acreditados con las evidencias recolectadas en la investigación y con el análisis efectuado por la Fiscalía”.
Agregó que “la magistrada también sostuvo que la calificación legal seleccionada por la Fisscalía es la correcta, y que la eventual pena a imponer es de ejecución efectiva”. En tal sentido, planteó que “la jueza explicó que tuvo en cuenta no solo esa calificación legal, sino también la modalidad de los hechos, la alta suma dineraria de la que se apropiaron, la pluralidad de víctimas y los medios utilizados para cometerlos”.
En cuanto a los riesgos procesales, Odriozola subrayó que “la jueza hizo hincapié en que aún restan realizar diligencias, sobre todo pericias a teléfonos y pendrives”. Asimismo, el funcionario del MPA remarcó que “la magistrada también tuvo en cuenta que los tres imputados viven en la provincia de Córdoba, por lo podrían sustraerse de la justicia, lo que también resulta probable el entorpecimiento probatorio”.
Finalmente, manifestó el fiscal que “Álamo rechazó las medidas alternativas solicitadas por la Defensa de los imputados, a raíz de que las consideró insuficientes para resguardar el proceso”.
