El Senado de Santa Fe suma antecedentes para la ley de Emergencia en Seguridad
En la Cámara de Senadores ingresó un nuevo proyecto de Emergencia en Seguridad, para sumar antecedentes ante el debate que darán los diputados y senadores respecto al proyecto que envió el Ejecutivo. La nueva iniciativa aconseja la modificación del Régimen de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad para prohibir el uso de teléfonos en las cárceles.
Un nuevo proyecto de Emergencia en Seguridad y en el Servicio Penitenciaria ingresó formalmente este jueves al Senado, en la primera sesión extraordinaria de 2023. Si bien no está habilitado para ser tratado antes del 1° de mayo (fecha de inicio del período ordinario) y se contrapone con la ley de Emergencia en Seguridad y Servicio Penitenciario que envió el Poder Ejecutivo a principios de año, el objetivo es sumar antecedentes para que los diputados y senadores que debatan la nueva ley tengan a disposición.
Mientras tanto, se espera la reunión de la Junta Provincial de Seguridad, posiblemente el próximo lunes 27 en la ciudad de Rosario, donde el nuevo Ministro de Seguridad de la provincia Claudio Brilloni presentará su plan de gestión. Los legisladores aguardan los detalles que brindará el funcionario, para reunirse con él y acordar mejoras al proyecto de emergencia que envió el gobierno provincial. Mientras tanto, se avanza en la búsqueda de puntos de acuerdo para que el tratamiento entre ambas cámaras sea lo más rápido y efectivo posible.
El Senado santafesino ingresó un proyecto de ley para sumar antecedentes, previo al debate de la Ley de Emergencia en Seguridad. Prensa Senado
El nuevo proyecto de emergencia, ingresado este jueves por el senador Rubén Pirola, suma algunas miradas que pueden ser consideradas por los diputados y senadores. Una de ellas propone que el Ministerio de Seguridad pueda trabajar en conjunto con la Junta Provincial de Seguridad, organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil y a personas que por su representatividad o relación con el tema resulte conveniente consultar.
También propone al Ejecutivo la reforma, modificación, adecuación e incorporación de las disposiciones necesarias en el decreto N° 4127 del año 2016, Reglamentario del Régimen de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad. En este punto resalta la posibilidad de realizar las modificaciones relacionada con la comunicación de los internos detenidos, la prohibición de la utilización de teléfonos en las cárceles de la provincia, la colocación de inhibidores, inspecciones y requisas.
Dentro del artículo de facultades, también plante otorgar asignaciones no remunerativas al personal penitenciario que desempeñe funciones caracterizadas fundadamente como críticas y afectar en forma transitoria o definitiva al personal de otras reparticiones de la Administración Pública para realizar tareas de apoyo administrativo en el Ministerio de Seguridad o en unidades penitenciarias.
El proyecto recomienda al Ejecutivo provincial modificar la ley para la prohibición de comunicaciones telefónicas dentro de las cárceles.
También establece la obligatoriedad de la cartera de seguridad de brindar trimestralmente un informe detallado a la Legislatura de las medidas adoptadas con las facultades que se le otorgó a través de la ley de Emergencia.
Convocatoria a la Junta Provincial de Seguridad
El jueves pasado el gobierno comenzó los contactos con representantes de los tres poderes del Estado para convocar a la Junta. La primera idea era realizar el encuentro el sábado pasado por la mañana, en la ciudad de Santa Fe, encabezado por el gobernador Omar Perotti. Pero ante la inminencia del feriado de Carnaval, y con el objetivo de lograr la mayor participación posible, se decidió aplazar la convocatoria hasta esta semana.
El gobierno pretende que haya representación completa en la primera reunión del año de la Junta Provincial de Seguridad: citarán a miembros de la Corte Suprema y del Poder Judicial, a legisladores de las dos cámaras y a familiares de víctimas de delitos. Si bien todavía no se confirmó, el encuentro sería el lunes 27 de febrero en la ciudad de Rosario, que atraviesa una fuerte crisis de inseguridad jaqueada por los homicidios y las balaceras contra edificios públicos.
La última reunión de la Junta Provincial de Seguridad fue el 21 de septiembre del año pasado.
Después de los últimos cambios de autoridades del Ministerio de Seguridad –donde Claudio Brilloni asumió en reemplazo de Rubén Rimoldi–, desde la oposición reclamaron al gobierno la urgente convocatoria a la Junta, que no se reúne desde el 21 de septiembre del año pasado.
El martes 14, el bloque de la UCR de la Cámara de Diputados –encabezado por el titular de la comisión de Seguridad, Juan Cruz Cándido– solicitó al gobierno que convoque a la Junta Provincial de Seguridad. “La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo convoque de manera urgente a la Junta Provincial de Seguridad, ante el desborde de la violencia y la inseguridad en el territorio santafesino, y en particular en la ciudad de Rosario”, señalaron a través de un proyecto de comunicación. Y pidieron que el encuentro se realice en el sur del territorio santafesino.
En los fundamentos del proyecto, los legisladores sostienen que “la crisis de violencia e inseguridad que vive nuestra provincia tiene su epicentro en el Gran Rosario pero se manifiesta de distintas maneras en todo el territorio provincial” y remarcan que en lo que va del año, en el Departamento Rosario, “se suman casi un asesinato por día, ataques mafiosos a edificios públicos, comercios y viviendas, nuevas extorsiones y la irrupción de fenómenos no vistos antes como el secuestro seguido de muerte de un ciudadano elegido aleatoriamente con el objeto de utilizar su muerte para transmitir un mensaje entre miembros de bandas”.
En este contexto, se produjo la designación del cuarto Ministro de Seguridad en lo que lleva la gestión del gobernador Perotti y nuevos cambios en las autoridades policiales.
Por decreto 0024 del año 2015, firmado en aquel momento por el gobernador Lifschitz y los ministros Pullaro y Silberstein, se creó la Junta Provincial de Seguridad como órgano interinstitucional de análisis, elaboración y coordinación de las políticas de seguridad de la Provincia.
“Estas convocatorias se discontinuaron durante el actual gobierno, a punto tal de no realizarse con la periodicidad indicada ni aun cuando su realización estaba establecida por la Ley de Emergencia en Seguridad vigente durante el 2022”, alertan los diputados.