Tras
cinco meses de investigación
este domingo por la madrugada se
realizaron 20 allanamientos que
dieron como resultado el
desbaratamiento de
organizaciones que operaban
distribuyendo y vendiendo drogas
en San Cristóbal, Ceres y
Rafaela.
Al respecto, el jefe de la DGPCA,
director de Policía José Moyano,
explicó que “la investigación
comenzó a principios de mayo con
una denuncia en la Brigada
Operativa Departamental XIII. En
forma simultánea comienza en la
subdelegación de Ceres otra
investigación y surge una
conexión entre las mismas que
continúa por impulso del fiscal.
Luego solicitamos intervenciones
telefónicas y se constata que
existe una conexión entre Ceres
y San Cristóbal; y a los pocos
días surge otra vinculación con
Rafaela”.
Los allanamientos fueron nueve
en la ciudad de San Cristóbal,
cinco en Ceres, cuatro en
Rafaela y dos en la cárcel de
Coronda. En Ceres se detectó lo
que se conoce como línea de
provisión y en Rafaela la línea
de distribución, siendo el
epicentro y el punto nodal San
Cristóbal.
Respecto al motivo por el cual
fue allanada una celda de la
cárcel de Coronda, Moyano dijo
que “la conexión es porque
teníamos en la investigación a
dos mujeres involucradas cuyos
esposos están detenidos en esa
unidad carcelaria desde
noviembre pasado cuando personal
de drogas de Rafaela los
arrestó”.
Como resultado de la acción
policial, fueron detenidas 18
personas mayores de edad, entre
las cuales hay una persona con
libertad condicional y otras
tres con antecedentes por violar
la ley de estupefacientes.
También fueron secuestrados unos
dos kilos de marihuana
(distribuidas en trozos
compactos y dosis listas para su
consumo), unos gramos de cocaína
y ocho armas de fuego de
diversos calibres, motos y
autos, entre otros elementos de
interés.
Coordinados por la jefatura de
policía a cargo del Director
General José Luis Amaya,
colaboró con personal de la
DGPCA, la Compañía Tropa de
Operaciones Especiales, Grupos
de Apoyo Táctico de la Policía
de Santa Fe, Policía de Acción
Táctica, Guardia Rural Los
Pumas, PDI y Agencia de
Investigación sobre Trata de
Personas.
Intervienen el juez federal Dr.
Miguel Abasolo y el fiscal
federal Dr. Federico Grimm. |